• Equiparación de la Indennización de contratos temporales y Fijos

    Equiparación de la Indennización de contratos temporales y Fijos

    18 de Noviembre de 2016

    La STJ Sala Décima de 14 de Septiembre de 2016, en procedimiento prejudicial sobre política social (Directiva 1999/70/CE del consejo (28/06/1999) y Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP, sobre el trabajo de duración determinada, cláusula 4 sobre el principio de no discriminación, dentro del concepto de condiciones de trabajo, respecto a la indemnización por finalización de contrato no prevista en la normativa nacional para este tipo de contratos en clara diferencia respecto a los de los trabajadores fijos, plantea una petición de una trabajadora del Ministerio de Defensa, sobre que se decida prejudicialmente sobre la interpretación de la citada cláusula 4 del Acuerdo marco referido dentro del anexo a la Directiva reseñada, en tanto en cuanto se ha de calificar la relación laboral existente entre la Sra. peticionaria y el Ministerio, su vinculación y respecto del abono de una indemnización al extinguir la misma.

    La directiva pretende garantizar la no discriminación como mejora de la calidad del trabajo de duración determinada e impedir el abuso de la sucesión contractual temporal, dentro de las situaciones laborales, estacionales o sectoriales de cada Estado.

    Las diferencia entre una trabajador con contrato de duración determinada y otro con contrato de duración indefinida comparable radica en que el primero determina el final de la relación laboral una serie de condiciones objetivas como una fecha concreta, realización de una obra, servicio o hecho determinado, mientras que el segundo realiza una ocupación idéntica pero periódica o similar en el tiempo y acorde a su cualificación y tareas a desempeñar.

    Pues bien, la cláusula 4 del Acuerdo marco, “Principio de no discriminación”, Apartado 1, nos dice que respecto de las condiciones de trabajo, no podrá tratarse a los trabajadores con un contrato de duración determinada de una manera menos favorable que a los trabajadores fijos comparables por el mero hecho de tener un contrato de duración determinada, a menos de probar objetivamente el porqué de ese diferente trato.

    En España, se indemniza en su forma mínima a un trabajador indefinido o fijo a razón de 20 días de salario por año trabajador frente a 12 días por año trabajado en el caso de contratos de duración determinada; en caso de interinidad la normativa nacional no reconoce indemnización alguna quedando una compatibilidad dudosa entre la normativa nacional controvertida y el principio de no discriminación.

    El concepto de “condiciones de trabajo” (Cláusula 4 del Acuerdo Marco citado), incluye aquellas medidas de acuerdo al criterio decisivo del empleo, relación laboral entre trabajador y empresario como numerosa Jurisprudencia establece a tal efecto. Por ello, la indemnización por fin de contrato cumple este criterio y se consideraría incluida como condición de trabajo. También, numerosa Jurisprudencia nos habla de la no discriminación no debiendo tratar de manera diferente situaciones comparables (naturaleza del trabajo, requisitos de formación, condiciones laborales) ni de forma idéntica situaciones diferentes salvo justificación objetiva.

    El Gobierno español defiende la diferencia en tanto en cuanto, entiende una naturaleza diferente y objeto entre el contrato temporal y el indefinido, por su duración y en la expectativa de la estabilidad de la relación laboral, no considerándose estas razones como objetivas en relación con lo que propone la cláusula cuarta del Acuerdo Marco.

    Por todo ello se concluye que:

    1.- La cláusula 4, apartado 1 del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada (18/03/1999, Anexo directiva 1999/70/CE del consejo, de 28 de Junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco de la CES, UNICE y CEEP,), se interpreta en el sentido de que la indemnización que obliga al empresario a abonar por finalización de contrato de duración determinada se incluye dentro del concepto de “condiciones laborales”.

    2.- También debe interpretarse dicha cláusula, en el sentido de que se opone a una normativa nacional, que deniega indemnizaciones a los interinos, o concede a los temporales, pero en cualquier caso lejos de lo concedido a los trabajadores fijos comparables. El hecho de prestar servicios en una determinada modalidad de contrato no es una razón objetiva que justifique la negativa o la merma en la citada indemnización.

    Las consecuencias de esta Sentencia no se han hecho esperar; los sindicatos abogan por reclamar de un año atrás cualquier indemnización que se entienda abonada de menos a pesar de no estar regulado en nuestro país. Otra teoría entiende que no hay diferencia a la hora de extinguir un contrato temporal o indefinido pues a todos se les aplica el mismo régimen jurídico existiendo diferentes como diferentes las situaciones son. Ante un despido disciplinario por causas objetivas todos tienen la misma indemnización (procedente 20 días e improcedente 33 días con la regularización de 45 días para contratos anteriores a 10 de febrero de 2012); lo único que ocurre que junto a este régimen más general existe otra indemnización, por razón de la duración, de doce días por la temporalidad.  A pesar de esto, tanto el establecer el contrato único, como otras opciones serían posible para poderse adaptar la legislación a los mandatos del UE. La ATA no pierde vista la seguridad jurídica pero pide reflexión ante esta sentencia reclamando también esa seguridad jurídica ante el riesgo inversor.

    Dado que la sentencia ha creado confusión desde JMA Gestión Integral 2007 S.L., se atiende cualquier inquietud empresarial o del trabajador en tanto en cuanto a la misma y su posible aplicación, y asesoramiento en cómo se desarrollará esto extrajudicial como judicialmente a lo largo del tiempo. Se mantendrá desde nuestra empresa, informado a quien así lo demande. 


    Mª. Ángeles López

  • Controversia prestaciones por maternidad

    Controversia prestaciones por maternidad

    29 de Octubre de 2016

    La interpretación de la ley puede hacer que se incline la balanza hacia el lado contrario al que estábamos acostumbrados a verlo. El TSJ Madrid este verano acaba de dar un giro a la forma de tributar los rendimientos obtenidos por cantidades satisfechas por la seguridad social en concepto de prestaciones por maternidad.

    El art. 7 h) de la ley 35/2006 de IRPF dice lo siguiente:

    -          Las prestaciones familiares reguladas en el Capítulo IX del Título II del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, y las pensiones y los haberes pasivos de orfandad y a favor de nietos y hermanos, menores de veintidós años o incapacitados para todo trabajo, percibidos de los regímenes públicos de la Seguridad Social y clases pasivas.

    Asimismo (…) antes citadas, en las prestaciones de estas últimas.

    Igualmente estarán exentas las demás prestaciones públicas por nacimiento, parto o adopción múltiple, adopción, hijos a cargo y orfandad.

    Y añade, objeto de la controversia:

    -          También estarán exentas las prestaciones públicas por maternidad percibidas de las Comunidades Autónomas o entidades locales.

    La interpretación inicial hacía pensar, antes de la sentencia del TSJ Madrid, que las prestaciones por maternidad exentas eran aquellas percibidas a través de las Comunidades Autónomas, ahora el debate se centra en si esas prestaciones autonómicas o locales son o no una extensión de la ley que ya tiene en consideración de forma genérica las prestaciones estatales. El último párrafo puede interpretarse como una mera “ampliación” del beneficio fiscal de las prestaciones anteriormente citadas, puesto que el INSS es la gestora de la Seguridad Social en lo que a gestión y administración de las prestaciones económicas se refiere. Observamos como la intención del legislador no ha quedado lo suficientemente clara.

    El alcance de esto a día de hoy es una lucha entre las distintas interpretaciones legislativas que bien puede dar la razón a la agencia tributaria en su particular lectura con afán recaudatorio o bien al contribuyente intentando evitar excesos impositivos, dando lugar a la devolución de los impuestos erróneamente soportados. El debate está servido.

    Desde JMA Gestión Integral 2007 SL, nuestro equipo de profesionales te aconsejará sobre éste y otros temas de actualidad para reducir la carga fiscal o bien para recuperar los excesos soportados de forma indebida. Nuestra asesoría siempre a la vanguardia de los cambios que se producen trata de mantenerse líder del sector, no dudes en visitarnos.

    Luis J.


  • Reforma De la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

    Reforma De la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

    24 de Octubre de 2016

    El pasado 2 de Octubre entró en vigor la Ley 39/2015 de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas  que establece una regulación completa y sistemática de las relaciones entre las administraciones y los administrados. Esta Ley regula los derechos y garantías de los administrados frente a las administraciones y dado su rango de Ley y su carácter de común resulta de aplicación a todas las administraciones públicas en todas sus actuaciones. Enlace

    Entre las novedades que aporta esta nueva Ley destacan la declaración de los sábados como día inhábil, la creación de un registro electrónico de apoderamientos, la obligación de las administraciones de no requerir a los administrados documentos ya aportados, elaborados por ella misma o documentos originales (salvo excepciones reguladas), la preferencia de las notificaciones electrónicas y la creación de la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común, donde el plazo de resolución será de treinta días.

    Dado los numerosos cambios normativos las relaciones de los ciudadanos con las Administraciones se hacen cada vez más complejos. Añadido a esto cabe destacar la necesidad para muchos procedimientos de firma digital o presentación de documentos en registro electrónico. En JMA Gestión Integral estamos preparados y actualizados a las nuevas tecnologías para facilitar todos estos trámites. No dude en consultarnos.


    M.V.S

  • DESAPARICIÓN CERTIFICADO SILCOM

    DESAPARICIÓN CERTIFICADO SILCOM

    21 de Octubre de 2016

    Tal y como nos han venido anunciando Tesorería General de la Seguridad social en Boletines de Noticias RED, ha  desaparecido el certificado SILCON el día 17 de septiembre de 2016. A partir de esta fecha, el certificado SILCON ha dejado de ser válido para acceder a los Servicios de la SEDE Electrónica de la Seguridad Social, incluido el Servicio de Notificaciones Telemáticas (NOTESS), ni al Sistema Red, SLD o Red Directo.

    Para ello se podrán utilizar los certificados digitales emitidos por la Seguridad Social y los expedidos por otras Autoridades de Certificación incluidos en la lista de certificados admitidos que puede ser consultada en la página web de la Seguridad Social, en la ruta Inicio » Certificados admitidos en los trámites de la Seguridad Social. Para Sistema RED solo serán admitidos los de persona física.

    Asimismo, en www.seg-social.es se puede consultar más información sobre la desaparición del certificado SILCON en la siguiente ruta: Inicio » Información útil » Sistema RED » Desaparición del Certificado Silcon, que contiene tres apartados con preguntas frecuentes, recomendaciones de instalación de otros certificados y un servicio de verificación de certificados.

    En JMA Gestión Integral estamos a la vanguardia de estos cambios en la comunicación con Tesorería y contamos con una gran experiencia en materia laboral para satisfacer todas las necesidades de nuestros clientes. Así desde JMA Gestión Integral  recomendamos que acudan a profesionales en materia laboral para poder gestionar su tramites  con la administración.


    Jorge Reyes.

  • Nuevos sujetos obligados a relacionarse electronicamente con la AEAT

    Nuevos sujetos obligados a relacionarse electronicamente con la AEAT

    28 de Septiembre de 2016

    El 2 de octubre de 2016 es la fecha de entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

    Esta Ley obliga a las entidades sin personalidad jurídica, entre las que se incluyen las comunidades de bienes, las herencias yacentes y las comunidades de propietarios.

    Esta relación electrónica comprende tanto las notificaciones como la presentación de documentos y solicitudes a través de registro.

    La presentación de declaraciones y autoliquidaciones se continuará haciendo como hasta ahora, por no estar afectada por la Ley 39/2015.

    Las presentaciones de documentos y solicitudes dirigidos a la Agencia Tributaria deben realizarse obligatoriamente a través del registro electrónico (www.agenciatributaria.gob.es).

    En el ámbito aduanero, todos los operadores económicos (personas físicas o jurídicas que se relacionan con la Administración para la aplicación de la legislación aduanera en el desarrollo de una actividad profesional) deben efectuar la presentación de los documentos y solicitudes previstos en la legislación aduanera obligatoriamente a través del registro electrónico (www.agenciatributaria.gob.es), excluyéndose únicamente las excepciones establecidas en el Código Aduanero de la Unión y en los Reglamentos que lo desarrollan.

    El incumplimiento de esta obligación puede ser constitutivo de la infracción tributaria prevista en el artículo 199 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que establece la imposición de una sanción consistente en multa pecuniaria fija de 250 euros.

    Se excluyen de esta obligación de presentación por vía electrónica las excepciones previstas en el resto de la normativa vigente que obligan a la presentación en papel o soporte físico (originales de avales, documentos notariales, judiciales, etc.).

    http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/RSS/Todas_las_Novedades/Le_interesa_conocer/Nue...



  • Regularización por clausula suelo

    Regularización por clausula suelo

    18 de Septiembre de 2016

    La cláusula de limitación del tipo de interés, más conocida como cláusula suelo, ha generado mucha literatura y está próxima a finalizar. Es conveniente saber las consecuencias legales y fiscales que están por llegar.

    Tras la fecha de publicación TS 9-5-13, EDJ53424, y pendiente del recurso presentado, son las entidades financieras las que están intentando realizar acuerdos previos a la resolución definitiva que van desde la modificación de las condiciones de los tipos de interés aplicados a la restitución de parte de los intereses cobrados. El aceptar este tipo de acuerdos implica firmar también que no se va a reclamar en un futuro importe alguno por esos intereses cobrados de más.

    La Dirección General de Tributos se ha pronunciado sobre los efectos de la declaración de nulidad de la cláusula suelo, con efectos económicos a partir de la fecha de publicación de la sentencia TS 9-5-13, EDJ53424, indicando que la restitución al contribuyente de las cantidades pagadas de más por aplicación de dicha cláusula no constituye renta alguna sujeta al IRPF. Otro aspecto es si esas cantidades pagadas han formado parte de la deducción por inversión en vivienda habitual puesto que si es el caso se deberá practicar regularización de su situación tributaria. Tales ajustes se llevarán a cabo conforme el art. 59 RIRPF, es decir, aplicando los ajustes en el ejercicio que se practique la devolución, junto con los intereses de demora. Y como último aspecto a reseñar sería analizar las devoluciones en efectivo realizadas por la entidad, ya que no tienen el mismo tratamiento a la hora de realizar la declaración anual de IRPF los intereses indemnizatorios recibidos, ya que éstos sí originan una ganancia patrimonial.

    Las últimas noticias hacen sospechar que será aprobada la devolución desde 01.01.2013 por sentencia judicial firme.

    Así desde JMA Gestión Integral recomendamos consultar a expertos en la materia ante asuntos como el decidir si se va a aceptar la oferta bancaria o no, o si se va a poner reclamación judicial o extrajudicial y el cómo hacerlo, y las dudas referentes a los cálculos facilitados por las entidades financieras y la incorporación de los datos a la declaración del IRPF 2016. En JMA Gestión Integral disponemos de un equipo formado en este tipo de asuntos que le asesorará, informará y evitará futuros problemas, solucionando estos aspectos.

    By Luis J.


  • Valoración de bienes de Naturaleza Urbana a efectos de ITP y AJD e ISD en Andalucía.

    Valoración de bienes de Naturaleza Urbana a efectos de ITP y AJD e ISD en Andalucía.

    12 de Agosto de 2016

    La Legislación Andaluza en materia de ITP, AJD e ISD establece que la Base Imponible del Impuesto estará constituida por el valor real de los bienes y derechos transmitidos. La Ley General Tributaria regula varios métodos para establecer este valor real; entre ellos está el estimar el valor por la aplicación de coeficientes multiplicadores, que se determinen y publiquen por la Administración Tributaria competente, a los valores que figuren en el registro oficial de carácter fiscal que se tome como referencia a efectos de la valoración de cada tipo de bienes, en este caso el valor catastral.

    En este sentido, la comunidad autónoma andaluza en BOJA 148/2016, de 3 de Agosto, ha modificado dichos coeficientes (Pueden descargarse en el enlace de abajo)

    Así, a la hora de comprobar la valoración de una transmisión de un bien inmueble, ya sea por compraventa, donación o herencia, la Junta de Andalucía comparará el valor declarado por el contribuyente con el valor resultante de multiplicar el valor catastral por el coeficiente publicado.

    Es bastante frecuente que operaciones en las que el precio real ha sido bajo (inmueble en mal estado, vendedor con urgencia por vender, etc…), la Junta de Andalucía inicia el correspondiente expediente de comprobación de valores para modificar el mismo, y por consecuencia, el importe a pagar el el Impuesto correspondiente.

    Ante esta actuación de la Administración solo caben dos posibles recursos:

    -       Recurrir la valoración por defectos de forma o fondo ante la propia Agencia Tributaria Andaluza, y en su caso Reclamación Económica Administrativa o Recurso Contencioso Administrativo.

    -       Procedimiento de tasación pericial contradictoria.

    Recomendamos antes de transmitir, por el título que fuere, cualquier bien inmueble, se consulte a expertos en la materia de valoración fiscal para evitar futuros problemas. En JMA Gestión Integral disponemos de un amplio equipo especializado en este tipo de asuntos, que le asesorará, informará y evitará futuros problemas o le gestionará de la mejor forma posible el expediente de comprobación de valores iniciado por la Administración.


    By Manuel Venegas Sánchez.

  • Heredar una empresa familiar

    Heredar una empresa familiar

    3 de Agosto de 2016

    La herencia de una empresa familiar puede causar verdadero dolor de cabeza a los herederos debido al coste fiscal que puede suponer en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

    La legislación española tiene una clara intención de favorecer la transmisión generacional de este tipo de negocios. Así, la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones establece una bonificación del 95% del valor de la empresa individual, negocio profesional o participaciones de entidades para los cónyuges, descendientes y adoptados, siempre que el valor de la misma estuviera exento de tributar en el Impuesto sobre el Patrimonio.

    Y es en este requisito donde se da la mayor litigiosidad del caso analizado. Pues bien, recientemente el Tribunal Supremo, en sentencia 1198/2016, ha ampliado las ventajas fiscales ya que elimina el requisito de que el heredero que ejerce funciones de dirección tuviera participación previa en la sociedad. Así la propia sentencia concluye “en ningún lugar se exige que el sujeto pasivo, previamente al devengo del tributo, deba ostentar una titularidad distinta a la que se produce con la sucesión hereditaria”

    En cualquier caso, de JMA Gestión Integral recomendamos ser previsores  y acudir antes de que se genere el problema a un experto en la materia para que planifique y diseñe la sucesión hereditaria. En JMA Gestión Integral tenemos amplia experiencia en la planificación y reducción de la carga fiscal de todo tipo de sucesiones hereditarias.


    By Manuel Venegas Sánchez.